La pildorita del amor...

Nuestro Ministerio de Salud por vía administrativa ha ordenado que en el nivel de la atención primaria de salud (léase consultorio, CESFAM o cualquier otro similar) se permita la libre entrega a menores de edad desde los 14 años, de la ya famosa "píldora del día después" o Postinor II, de acuerdo al nombre comercial, sin que se requiera para ello la autorización o conocimiento de los adultos a cargo de la menor, manteniendo el criterio de que se trata de un método de anticoncepción de emergencia, es decir, suministrado sólo en caso de violación o falla en el o los métodos utilizados en la relación sexual.

Hecho este prolegómeno, cabe preguntarse qué pretende el Estado de Chile con semejante idea. Jurídicamente hablando, cumplir los compromisos adquiridos en diferentes conferencias internacionales a cuyas declaraciones finales adhirió, en particular la de El Cairo, en virtud de la cual se obliga, entre otras cosas, a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y a garantizar la igualdad en el acceso a la información y a métodos de control de la fecundidad, incluso para los adolescentes, sin que hubiese necesidad de poner esto en conocimiento de sus padres, todo ello en consonancia con la Convención de Naciones Unidas Contra la Discriminación de la Mujer. Es decir, basados en el principio de autonomía que caracteriza a los derechos sexuales y reproductivos, y al principio de no discriminación, se dicta esta norma, con el principal argumento, defendido por la presidenta Bachelet y la ministra Barría, de tratar de frenar lo que podemos denominar escalada de aumento del embarazo adolescente en Chile (madres menores de 19 años), en particular en el grupo etáreo de los 11 a los 14 años, si, señores, de los 11 a los 14 años.

Suponen las autoridades que por este camino es posible disminuir la tasa de embarazo adolescente, y, tomando las palabras de la ministra en el programa "En boca de todos" de Canal 13, "minimizar los daños", ocasionados por el hecho indesmentible de que las relaciones sexuales se inician a más temprana edad y que la mayor parte de estos embarazos no deseados se dan en los lugares y sectores más pobres de nuestro país, en que, aunque suene fuerte, las niñas apenas les aparece el botón mamario y adquieren algunas formas propias de una mujer adulta, pasan a la categoría de "disponibles sexualmente" y, en muchas ocasiones, ven como tabla de salvación ante la miseria tener a un macho proveedor, y, probablemente de manera inconsciente, intentan "cazarlo" por vía de una vida sexual activa, sin negarse, por temor a quedarse solas o desamparadas (la prueba de amor aún funciona)

Cabe preguntarse: ¿a qué se refiere con daños la ministra Barría? ¿A los niños que podrían nacer? ¿Al costo social de un niño pobre más que se carga a la mochila del Estado?. Cualquiera de las dos hipótesis que se sigan me parece igual de macabra. Un niño no deseado no tiene la culpa, no es un "daño", y en el caso del embarazo adolescente, no es sino fruto de la pobreza, de la ignorancia, de una nula o malísima educación sexual, carente de valores reales, que fomente la responsabilidad, el autoconocimiento referido al cuerpo, el entender la sexualidad como algo no sólo placentero (¿lo será para una niñita de 11 o 12 años cuyos órganos sexuales recién han pasado de la niñez a la adultez?), sino como parte integral del ser humano, que involucra por tanto no sólo entregar el cuerpo, sino que hay de por medio sentimientos, donación al otro, etc., y no una educación sexual reducida a la repartija indiscriminada de condones y anticonceptivos.

Me da la sensación que, con el argumento de "es una realidad y hay que enfrentarla", el gobierno y el Estado se "lavan las manos", jugándosela por el camino más cómodo, sin atacar el tema de fondo, descuidando la labor educativa que le corresponde, tanto solidaria como subsidiariamente, en particular tratándose de los más pobres.
Chaíto.